Los recientes acontecimientos en la provincia de Chubut en Argentina muestran una vez más la vigencia de los conflictos mineros y ambientales. Muchos otros países de la región y del Sur global (también en el Norte) atraviesan también agudos conflictos vinculados a este sector de actividad ante una ciudadanía que modificó sus percepciones y formas de organización. Las miradas partesanas o polarizadas que se despliegan sobre esta conflictividad dejan en general poco lugar a otra de gran importancia : la de la confrontación informacional, es decir la relación de fuerza informativa y cognitiva que se está dando entre los actores involucrados. Su abordaje permite entender como las estrategias comunicacionales se vuelven un frente decisivo para pretender insertar territorialmente este tipo de modelo productivo.
Muestra de 10000 tweets (plataforma Twitter) en el periodo septiembre 2021-diciembre 2021 (búsqueda con los términos ‘zonificación’ + ‘chubut’). Se identifican los principales repetidores y cercanías.
El teatro de confrontación
El reciente caso de la provincia de Chubut ofrece un teatro particularmente emblemático. El 15 de diciembre 2021, con votos relativamente dispersos al interior de las formaciones políticas locales, la legislatura provincial aprobaba la ley de zonificación 128/20 habilitando la actividad minera en los departamentos de Telsen y Gastre. Solamente cinco días después de esta votación, luego de enfrentamientos (informacionales y físicos) y ocupaciones callejeras en varias ciudades de la provincia, las movilizaciones ciudadanas conseguían derogar la ley obligando las autoridades a retroceder y anunciar un proceso de diálogo.
Un poco más de un año antes de este desenlace, las autoridades provinciales habían planeado retomar la agenda minera apoyándose sobre el lanzamiento del Plan estratégico nacional minero (divulgado en octubre 2020). Se había anunciado el proyecto de zonificación minera en noviembre 2020. El gobierno provincial armó el mismo año la plataforma lameseta.org para difundir estudios científicos (hidrogeológicos, ambientales, jurídicos) y proveer argumentos a favor de un régimen legal permitiendo tomar en cuenta las restricciones existentes (Ley 5001) y la multidimensionalidad de la problemática minera. En paralelo, la empresa canadiense Pan American Silver se decía dispuesta a una inversión de 1000 millones de dólares en el área del Cerro Navidad (extracción de plata).
A nivel legal, el proyecto de zonificación 128/20 establecía los requisitos detallados para el cuidado ambiental, garantizar fondos de remediación, planes de cierre de mina y fiscalización ambiental. En lo económico, definía una obligación de contratar el 80% de trabajadores localmente y asegurar 50% de sus proveedores en la provincia. También se incentivaba a las mineras a realizar inversiones en infraestructura, tanto para su propia actividad como para acciones comunitarias, contribuyendo así a proyectos de diversificación productiva.
Varios sectores políticos, sindicales (UOCRA, camioneros, petroleros, bancarios), mediáticos (Sur Actual, Del Sur noticias, La Voz de la Meseta), científicos (Cátedra de geomorfología – Universidad nacional de la Patagonia, Red de académicos por el desarrollo de una minería sustentable), económicos (Cámara de servicios, comercio, turismo e industria de la Meseta del Chubut) y inclusive parte de la misma población de estos departamentos, apoyaron la iniciativa de zonificación. Algunas agencias nacionales levantaron las voces de las localidades de la Meseta central destacando la actividad minera a raíz de la situación de injusticia de la población (situación de pobreza y marginalización productiva), el problema de la desinformación y la ausencia de representación política en la provincia. La Red de académicos por el desarrollo de una minería sustentable puso en marcha un blog en junio 2020, una cuenta Facebook (marzo 2020) y Twitter (en abril 2021). Publicaron contenidos de forma continua apuntando a polemizar ciertos prejuicios sobre la actividad minera, reverdecer la imagen de la actividad extractiva haciendo énfasis en el contexto particular de Chubut y una visión positiva del desarrollo sostenible.
En agosto 2020, la legislatura provincial ratificó la emergencia hídrica, visibilizando así una importante problemática ambiental y una vulnerabilidad estructural de la región semi-desértica. Esta misma vulnerabilidad había sido comentada en un informe ambiental de la Mesa técnica sobre zonificación minera (CONICET-CENPAT) en febrero 2021 cuyas conclusiones llevaban a sugerir el retiro del proyecto de zonificación debido al desfasaje entre la capacidad instalada de gestión ambiental en la provincia y los riesgos vinculados a la actividad minera. El estudio, criticado por el arco pro-minero, menciona : “La dependencia del Estado de los capitales privados e intereses mineros sobre una estructura preexistente de gobernanza débil y fragmentada de los recursos naturales genera desconfianza y preocupación. Situación que no se revertirá con la creación de observatorios, centros de gestión y mesas de desarrollo como las que se proponen de manera fragmentaria y sin autarquía en el proyecto de Ley”.
Algunos dirigentes políticos locales hicieron hincapié en el déficit de representación política de la región central a nivel de la provincia y destacaron la pertinencia del proyecto en materia de desarrollo productivo sin descartar las dimensiones ambientales. Se criticó también al activismo ambientalista sesgado por su reticencia a tomar en cuenta las problemáticas de desarrollo local. En diciembre 2020, dos registros evidenciaron la maniobra de coima de dos legisladores provinciales (Sebastián López, Leila Lloyd Jones). La noticia fue replicada en los grandes diarios nacionales, principales vectores ofensivos sobre las temáticas de corrupción política. En agosto 2021, el Tribunal superior de justicia de la provincia rechazaba el recurso de inconstitucionalidad elevado por grupos ambientalistas y la comunidad mapuche en pos de impedir el tratamiento de la minería en Chubut.
Ventajas aparentes
A la fecha del mes de diciembre 2021, el sector pro-minero en la región centro de Chubut dispone en apariencia de algunas ventajas. Pudo legitimar social y políticamente el proyecto a través de una visión desarrollista, una narrativa social (trabajo genuino, inversión en infraestructura) y ambiental. Tiene el apoyo de sectores claves en el ámbito nacional, en los sectores económicos locales y hasta una parte de la población local. Se emprendió una batalla informacional mediante la difusión de conocimientos o de contra-informaciones (vehículados por las redes sociales y la plata-forma lameseta.org) a los cuales se agregan las posicionamientos afines de distintos sectores académicos. Varios medios de prensa sostienen este esfuerzo. En el plano legal, beneficia de una invalidación jurídica del recurso de inconstitucionalidad del proyecto. Todo estos elementos fundamentan una campaña de contra-cerco cognitivo, de baja intensidad y de escaso espesor estratégico (si uno considera la solidez de las resistencias anti-minerias en la provincia), diseñada según un esquema clásico y descendiente. En efecto, hubo poco debate sobre el proyecto minero, salvo los que fueron emprendidos por ejemplo por la Multisectorial de Chubut. Los vectores de influencia no tienen mucho arraigo social e inter-articulación. Uno de los símbolos más elocuente del cerco cognitivo que opera como una fuerza neutralizadora de la coalición pro-zonificación en los planos jurídicos, psicológicos e informacionales, es el hecho de que la máxima autoridad provincial tuvo que hacer campaña electoral en 2017 con el lema de rechazo de los proyectos mineros.
La eficaz ofensiva informacional del movimiento anti-minería
Pero precisamente, varios temas fuertemente instalados en la conciencia ciudadana no están presentes en el radar de los promotores de la zonificación minera. En primer lugar, la provincia posee un importante activo de movilizaciones ciudadanas en oposición a los proyectos mineros a partir del año 20001. En 2003, se realizó un plebiscito histórico donde el 82% de la población de la ciudad de Esquel se pronunció desfavorablemente a la minería seguido luego de una ley provincial (Ley 5001) que prohibía por primera vez a nivel nacional la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Más tarde, primero en 2014 y más adelante en 2020-2021, se frenó la insistencia de diferentes gobiernos y corporaciones para modificar este marco legal con dos iniciativas populares. Estos episodios dejaron un importante legado de victorias ciudadanas y de núcleos organizados (asambleas) con capacidad de presión y de confrontación comunicacional. Se articulan con una serie de medios de comunicación disponiendo de su propio mecanismo de viralización (sitios web y redes sociales) que tiene audiencia en la esfera de diarios hegemónicos. Además, un ecosistema de redes internacionales2 permite un cambio de escala de la difusión de información en relación con agendas focalizadas en el cambio climático, los modelos de producción extractiva.
En segundo lugar, la imagen asociada a la actividad minera es ambigua sino negativa en Argentina y a nivel regional. Existe un elevado pasivo de cooptación de la esfera política por los poderes corporativos (casos Embrujo y Revelaciones en Chubut; crisis del gobierno provincial durante el mandato del gobernador Mario Das Neves; presión sobre un legislador en 2014 para orientar su discurso sobre la minería) en el telón de fondo de una nítida fragilidad de la institucionalidad provincial. Las recientes maniobras de compra de voluntades alrededor del proyecto de ley de zonificación fueron filtradas y publicadas. Varios medios, entre ellos la revista Cítrica, resaltó el lobbying de los grupos energéticos con el gobierno provincial anterior. A nivel regional, los gobiernos desplegando políticas extractivas tuvieron que remodelar sus discursos hacia un registro de innovación tecnológica, de soberanía y de crecimiento de potencia nacional (vinculado por ejemplo al potencial de los yacimientos de litio en América Latina que constituyen 70% de los recursos mundiales). Cabe recordar también que la industria minera es blanco de estrategias de desinformación de parte del sector petrolero que compite con la industria minera en el marco de una nueva carrera energética.
A partir del anuncio del proyecto de zonifación minera, el ecosistema de núcleos ciudadanos puso en marcha una eficaz ofensiva informacional desde varios ángulos. En los contenidos, se polemizaron los impactos (posibles y observados) de la minería, las acciones de greenwashing de la imagen de las empresas, así como también la opacidad institucional y varias contradicciones del gobierno provincial. El portal No a la mina acumuló una importante cantidad de insumos y conocimientos criticando el productivismo no sólo a nivel local sino regional. Los núcleos activistas3 se interconectaron fluidamente en las redes sociales para amplificar la viralización. Desde abril 2021, se intensifican una serie de programas de radios y foros sobre el extractivismo, la iniciativa popular, luego sobre la zonificación minera. De hecho, la red provincial de asambleas asume que “su lucha se basa en la información y en la difusión”. Se crearon campañas de solidaridad inclusive para realizar perforaciones de agua a favor de localidades en escasez de servicio hídrico. A nivel nacional, Greenpeace Argentina, la revista Cítrica, Crónica, Página12, Clarin, Infobae, Telam y Emergentes, junto con algunos activistas y artistas, formaron una caja de resonancia. La amenaza sobre el agua, consecuencia de la actividad minera en telón de fondo de la emergencia hídrica, fue uno de los argumentos principales para aglutinar las opiniones hostiles a la minería.
Después del 15 de diciembre 2021 cuando la ley es promulgada, la campaña adquiere una tonalidad más ofensiva, demonizando más directamente la minería y llamando a la defensa del territorio (“No al sacrificio de Chubut”, “Chubut se defiende”, “Derogación ya”). Se generan marchas, caravanas, cacerolazos y ocupaciones en los edificios de las instituciones. El 17 de diciembre, el colectivo Anonymous hackea al sitio web de la empresa Pan American Silver. En esta secuencia final, dada la irracionalidad de los flujos informacionales y el achicamiento del margen de maniobra de la coalición pro-minera, algunos actores trataron de reequilibrar los argumentos. Un informe se publicó para valorizar los beneficios estratégicos y económicos de la actividad minera a nivel nacioanl. Algunos medios cuestionaron el ambientalismo radical y su articulación con ONGs extranjeras. Otros comunicadores expusieron con más amplitud los pros y los contras de la industria minera. Pero a esta altura las cartas ya están jugadas. Sólo cinco días después de la votación de la ley, ante la saturación informacional, enfrentamientos con la policía (aprovechado comunicacionalmente por el movimiento ciudadano) y actos de vandalismo, las autoridades cedieron ante el reclamo ciudadano.
Balance y perspectivas
En esta confrontación, los múltiples colectivos sociales y políticos que componen el movimiento ciudadano en oposición a la minería se encontraron a la vez más reticulados, organizados y preparados en término de batalla informacional. Supieron involucrarse en las fallas de sus adversarios (opacidad institucional, coima, herencia ambigua del sector minero, injusticia social y riesgos) y polemizar los argumentos propuestos. La ocupación del terreno informacional ha sido mucho más proactiva y ofensiva, al igual que la ocupación del espacio público durante la secuencia final de las manifestaciones. Se enfrentaron en definitiva a un adversario con flancos débiles en materia de estrategia argumentativa e comunicacional. Muy pocos actores lograron aprovechar de las propias contradicciones del movimiento ciudadano en término de planteos y posiciones (escasez de propuesta en el terreno productivo, exacerbación de los impactos negativos de la minería, estigmatización de los temas, moralismos y dogmatismos…etc).
El movimiento ciudadano fue subestimado en su capacidad de posicionamiento y movilización. En todo caso, las autoridades provinciales no supieron elaborar una vía para salir del cerco cognitivo vigente en esta temática, es decir deshacerse de la parálisis de movimiento establecido por las conquistas legales (iniciativa popular y ley 5001) y culturales logradas a lo largo de una década de resistencias ambientales en la provincia. Los impulsores de la zonificación minera tuvieron una estrategia débil, lejos de dimensionar el terreno asimétrico de confrontación informacional que cualquier proyecto minero de esta característica hoy en día tiene que sortear.
A primera vista el tejido ciudadano podía parecer débil frente a un conglomerado más poderoso. Pero el movimiento supo convertir rápidamente el recurso informacional en fuerza a su favor para modificar la relación de fuerza. La ocupación activa de las redes permitió federar a sectores de la población, orientar las percepciones sobre el nuevo proyecto minero, más aún cuando las propuestas oficialistas eran aproximadas o no suficientes combativas y convincentes. Una confrontación de esta índole se resuelve menos con la calidad de los argumentos que mediante la capacidad de abrazar estratégicamente la nueva fisionomía de influencia ofrecida por las redes. La inteligencia ciudadana consistió también en empujar su adversario a cometer errores al momento de la represión policial (con un pasivo muy negativo en la provincia), elemento que luego fue utilizado en su contra a nivel comunicacional para terminar de deslegitimar la iniciativa.
Más ampliamente, cabe destacar que las meras justificaciones de creación de empleo, de beneficios fiscales locales y de desarrollo económico ya no son suficientes para promover este tipo de proyecto industrial con alto impacto ambiental. De hecho, el mundo económico ha comenzado a comprender las restricciones impuestas por la influencia de la información y los cambios culturales. Con un teatro de confrontación más complejo, se percibe que los esquemas clásicos de lobbying no bastan para conquistar los espíritus y las voluntades. Es notable observar en las agendas corporativas como se busca una mayor anticipación de los impactos positivos o negativos en los territorios, asociar a las poblaciones locales y trabajar más en el mediano plazo con un enfoque de desarrollo más integral. Algunos proyectos de extracción de litio en la cordillera andina ya están experimentando estas modalidades.
Más allá del fortalecimiento de su capacidad de resistencia, el reto para el campo ciudadano es usar esta nueva herramienta a favor de una mejor ciudadanía productiva y ambiental. Para el campo político y productivo, se trata de recalcular los modos de operar y trabajar con más inteligencia la dimensión informacional.
- Documentado en el libro Vienen por el oro. Vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. de Javier Rodríguez Pardo. Ediciones Ciccus, 2009.
- Amigos de la Tierra ; Fundación Rosa Luxemburgo ; Observatorio de conflictos mineros de América Latina ; Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales ; Greenpeace ; Acción ecológica ; Servindi…etc.
- Asambleas de Rawson, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y otras organizaciones.
