Incendios provocados en las puertas de São Paulo

Brasil se volvió a encender. Hasta la fecha, cuarenta y seis municipios¹ del interior del estado de São Paulo se encuentran en estado de alerta máxima. El Instituto brasileño de investigaciones espaciales (INPE) acaba de sonar la alarma al contabilizar veintidós mil focos incendiarios en la superficie brasileña desde principios de agosto de 2024, el peor registro de los últimos diecisiete años. Si bien existe un pico de intensidad, el fenómeno no tiene nada realmente disruptivo a la luz de las mediciones de frecuencia en toda la zona tropical sudamericana. Pero la utilización político-mediática de los incendios y su zonificación geográfica sí son novedosos. Esta crisis apela no sola una mirada más atenta a la naturaleza de los incidentes en curso, sino también una reflexión sobre la matriz conflictiva subyacente.

Mediciones del riesgo

Empecemos por las mediciones puestas a disposición por las herramientas de teledetección de incendios creadas por el Instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil² y la Agencia espacial norteamericana³. Desde el 1 de agosto 2024, se han registrado 46.512 incendios en todo Brasil, principalmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas y São Paulo (figura 3). A la escala de los países de la zona tropical latinoamericana, la frecuencia de los incendios se concentra principalmente en Brasil y Venezuela, seguidos de Bolivia y Argentina (figura 4).

Figura 3: Distribución de los incendios detectados por satélite en la selva y la sabana tropical brasileña durante agosto 2024 (fuente: BDQueimadas)

Figura 4: Distribución de los incendios por países durante el año 2024 (fuente: BDQueimadas)

La tendencia evolutiva observada en los últimos siete años muestra que la frecuencia de los incendios es particularmente elevada en dos estados brasileños: São Paulo, muy densamente urbanizado, y Mato Grosso do Sul, con aumentos del 386% y el 605%, respectivamente, en comparación con las cifras de 2023. Los demás estados brasileños muestran tendencias anuales a la baja o al alza. El salto cuantitativo en São Paulo durante las últimas semanas de agosto es real, aunque inferior a las mediciones de enero de 2024 (figura 5). En comparación, la región meridional de Rio Grande do Sul, afectada por una inundación de magnitud superior a la del Katrina en Estados Unidos (2005), mostró una tasa de fuego estable a lo largo del mismo ciclo de siete años.

Por lo tanto, estas mediciones corroboran el actual estado de alerta, al menos en el estado de São Paulo. Dentro de estos promedios, cabe señalar que el año 2019 estuvo marcado a fuego rojo por el G7 y la prensa internacional y que los niveles de siniestralidad se mantuvieron relativamente sin cambios a nivel nacional hasta 2023, antes de aumentar de forma bastante pronunciada a partir de 2024 (+75% en comparación con 2023 y +32% en comparación con 2019). En comparación con el mismo año 2019, cuando los bombos informacionales estaban en pleno auge y apuntaban a la responsabilidad de Jair Bolsonaro, entonces jefe del ejecutivo brasileño, reina ahora un sorprendente repliegue mediático ante el mismo fenómeno, tanto a nivel local como a nivel internacional, lo cual brinda un primer índice para interpretar el escenario conflictivo.

Figura 5: Evolución semanal de los incendios en el estado de São Paulo durante el año 2024 (fuente: BDQueimadas)

Una pista criminal evidente

La prensa y algunos científicos apuntaron inicialmente al doble efecto de la sequía y las quemas de cultivos en la creación de condiciones propicias para la propagación de los incendios. El Centro nacional de gestión de desastres naturales⁴ ha señalado que unos 1.000 municipios han sufrido recientemente sequías severas o moderadas, el 60% de ellos en la región forestal tropical. Es un hecho que el fenómeno climático El Niño ha creado zonas de sequía en el centro-oeste y sureste del país, contrastando con fuertes lluvias en el sur. De hecho, este comportamiento se observó durante las lluvias extraordinarias en Rio Grande do Sul a finales de abril de 2024.

En cuanto a los focos incendiarios, su aparición simultánea y coordinada a gran escala alrededor de la capital económica de São Paulo descarta inmediatamente la hipótesis de un origen accidental. La auto-ignición es un proceso conocido y comprobado en los ecosistemas amazónicos. Pero la aparición simultánea de los fuegos, reconocida por diversos observadores, así como por las autoridades gubernamentales, condujo rápidamente a la apertura de una investigación judicial⁵ en la región de São Paulo. Además, varios vídeos espontáneos⁶ compartidos en las redes sociales muestran a individuos no identificados en flagrante delito de prender fuego, aunque la veracidad de estos vídeos es siempre difícil de comprobar. Uno de ellos⁷ muestra un vehículo perteneciente al Instituto brasileño del medio ambiente y de los recursos renovables (IBAMA), sospechado de operar irregularmente en las orillas del río Xingu. Otro material grabado⁸ muestra cómo los agricultores están ayudando a reducir el fuego con sus propios equipos, incluidos aviones utilizados normalmente para el tratamiento fitosanitario.

El escenario mediático

Dos tendencias polémicas se perfilan en el terreno mediático. Una apunta directamente, sin aportar pruebas tangibles por el momento, a la responsabilidad del sector agroalimentario en la catástrofe, utilizando un léxico claramente ofensivo con respecto a las grandes empresas y al productivismo asociado a ellas. La organización social Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) no tardó en pronunciarse⁹, apuntando con el dedo la insostenibilidad del agronegocio, el cambio climático y los desequilibrios medioambientales. En varios casos, el espacio político de Jair Bolsonaro, integrado por el actual gobernador del estado de São Paulo, entra en el bucle del discurso acusatorio, mientras que el gobierno federal, en el telón de fondo de las promesas de medidas preventivas para combatir los incendios durante la campaña de 2022, elude su responsabilidad mediante narrativas sobre anomalías climáticas, deforestación o incluso el supuesto beneficio de los gases de carbono sobre la vegetación. En todos los casos, el tratamiento mediático dista mucho, en intensidad y magnitud, de la campaña ofensiva dirigida contra Jair Bolsonaro durante su presidencia.

En el otro campo, los sectores económicos y una parte de la opinión pública critican los daños infligidos por los incendios a las actividades económicas y al medioambiente, así como el impacto en la reputación de los actores involucrados en la polémica en torno a los desastres. Se señala que los peores resultados en materia de gestión de incendios forestales son imputables al actual ejecutivo, recalcando (con razón) que el presupuesto destinado a la reducción de incendios se ha recortado¹⁰ en los dos últimos años. Algunos productores señalan que el Instituto brasileño de medio ambiente y recursos renovables (IBAMA) y las ONGs han limitado la prevención de incendios, sancionando la limpieza de la vegetación y el bombeo de agua para combatirlos, lo que se termina entendiendo como una forma de diluir la responsabilidad frente al riesgo. En una maniobra bastante original, el grupo agroindustrial Moreno anunció¹¹ ofrecer una recompensa de 40.000 reales a cualquier ciudadano capaz de transmitir información sobre las circunstancias en que se produjeron los incendios dentro de su perímetro de producción en São Paulo, sin asociar a las instituciones policiales o judiciales en el proceso. En el momento de redactar este informe, el primer sospechoso detenido por la policial confesó haber provocado incendios¹² en el municipio paulista de Batatais por cuenta de la organización criminal Primeiro Comando da Capital (PCC¹³).

El escenario político

En el ámbito político, el presidente Luiz Lula da Silva y su ministra Marina Silva anunciaron¹⁴, sin mucha sorpresa, la movilización de recursos de emergencia a la altura de la crisis. Curiosamente, la referencia al móvil criminal de los incendios fue destacada de inmediato, de forma lineal y un tanto caricaturesca, para luego vincularse a la dinámica del cambio climático: “hasta el momento no se ha detectado ningún incendio de origen natural. Esto significa que la gente ha prendido fuego ilegalmente en un contexto en el que todos los estados han sido informados y han prohibido el uso de la tala y la quema. […] Ni siquiera los negacionistas pueden seguir negando la crisis climática. Necesitamos luchar contra el cambio climático con una gran dosis de inteligencia e inversión, incluyendo fondos de los países más ricos que ya han devastado sus bosques. Esto no puede ser responsabilidad exclusiva del Sur” declaró públicamente el presidente Lula da Silva¹⁵.

El mismo esquema causal, anclado en el argumento del cambio climático y en desfasaje con los medios requeridos para realizar una prevención de los riesgos naturales, es similar a lo que se expresó durante las megainundaciones que asolaron la provincia de Rio Grande do Sul el pasado mes de abril.

Análisis

El análisis de este escenario tropieza inevitablemente con el hecho de que no existe una simple y única causa de los incendios. De hecho, los motivos criminales interactúan con un fenómeno de origen tanto antropogénico como natural, cuya observación a lo largo del tiempo y del espacio es objeto de seguimiento científico y nos proporciona varios elementos coherentes de interpretación. Hemos visto que la variabilidad climática, vinculada al fenómeno El Niño, ha generado anomalías meteorológicas susceptibles tanto de inhibir o amplificar el encendido natural de los ecosistemas tropicales (bosques y sabanas). Del mismo modo, las medidas preventivas como el ordenamiento territorial, la normalización de la tala y de la quema, así como también las medidas de lucha contra la propagación del fuego, tienen un impacto decisivo en el control del riesgo.

En paralelo al desastre natural, la observación de las arenas política y mediática ha ampliado el teatro del conflicto y nos lleva a reconfigurar su comprensión. En primer lugar, hemos observado que la exhibición voluntarista de una política de lucha contra los incendios forestales y de cultivos contrasta en varios aspectos con los planteamientos y los recursos asignados para aplicar esta política. El desacople entre las declaraciones y los recursos asignados, eludida por las autoridades y señalada por los actores productivos en su comunicación de crisis, puso de manifiesto la existencia de un doble lenguaje por parte del aparato institucional. Esto ya viene ocurriendo desde hace tiempo y ha venido reduciendo implícitamente, por acción u omisión, la capacidad de control del riesgo de incendio, y por tanto va aumentando potencialmente el riesgo de desastre mayor una vez que el fuego se haya disparado.

La configuración deliberada de una crisis

Varios actores han reconocido que los incendios son provocados por una acción deliberada y coordinada, a riesgo de simplificar en exceso la realidad de un fenómeno que no resulta exclusivamente de la intervención humana. Así pues, uno o varios grupos organizados, parcialmente identificados por el momento, manifestaron intenciones delictivas y las tradujeron en el acto de disparar algunos de los incendios. Todavía no se ha identificado ningún móvil demostrando la destrucción selectiva de tal o cual infraestructura territorial, aparte de los daños causados a determinadas zonas cultivadas, hábitats y explotaciones agrícolas por el efecto de propagación.

Esta falta de móvil precisamente determinado, en combinación con el comportamiento de los actores que hemos señalado anteriormente, aboga por lo tanto a favor de la creación de un entorno de crisis y el intento de explotarlo política y mediaticamente. El contexto geográfico de una maniobra de este tipo se presta muy bien al proyecto, ya que nos encontramos en el estado de São Paulo, en la periferia de la mayor ciudad de Brasil. La acción no está exenta de ciertos riesgos políticos, en la medida en que los gobiernos local y federal se ven expuestos por los medios de comunicación ante millones de ciudadanos en su capacidad para prevenir y gestionar una grave crisis ambiental. No obstante, la calma relativa de los medios y la ausencia de una campaña claramente orquestada y dirigida contra una u otra familia política, parecen indicar que la instigación de la crisis se está llevando a cabo con un coste calculado y asumible por los poderes actuales.

Una superestructura de injerencia en la Amazonia

Tal matriz conflictiva nos empuja a examinar las dinámicas, aguas arriba y aguas abajo, susceptibles de beneficiarse positiva o negativamente de las repercusiones de dicho entorno de crisis y de su modelaje. Dos dinámicas, por lo menos, pueden ser identificadas a raíz del conocimiento del contexto brasileño y de situaciones semejantes en Sudamérica. En primer lugar, el reciente lanzamiento del Pacto de transformación ecológica¹⁶ en Brasil, un programa gubernamental diseñado para desarrollar una agenda multisectorial de inversiones y planificación territorial contemplando las cuestiones ecológicas. En segundo lugar, la consulta regional¹⁷ sobre la gestión de los incendios, realizada en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica¹⁸. En 2021, un primer memorandum de cooperación selló los primeros pasos de una acción panamazónica acerca de la gestión de incendios, con el patrocinio de la agencia estadounidense USAID¹⁹. Posteriormente, los Estados Unidos, y ahora Alemania, intensificaron su protagonismo para colocar al Observatorio regional de la Amazonia²⁰ como motor central de estos dispositivos. A éstos, se podrían añadir el proyecto de plataforma de emergencia climática, defendido por la actual ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que hace directamente eco a la nueva agenda de “Cumbre para el Futuro²¹” llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas. Este último proyecto de “emergencia climática” fue puesto de relieve durante las inundaciones de Rio Grande do Sul hace cuatro meses.

¿Qué tienen en común estos múltiples enfoques? Cada uno de ellos pretende establecer nuevas formas de gestionar el espacio y los recursos para la protección ecológica de la zona tropical brasileña (o de otras partes del territorio brasileño), ya sea en nombre del riesgo de incendios, de la crisis climática o de la preservación de la biodiversidad. En las dos últimas décadas, la cuenca amazónica ha visto proliferar este tipo de iniciativas que exhiben por un lado un objetivo potencialmente loable de protección del riesgo o del bien común, pero que esconden por otro lado una maniobra de carácter estratégico y conflictivo. Es fácil comprender que esta intención conflictiva queda tanto más disimulada y blanqueada por una meta humanista cuando una situación de emergencia o de crisis viene fundamentar la legitimidad de las intenciones que se pretenden perseguir. Observemos que esta dialéctica no es necesariamente negativa de por sí. Cualquier plan de acción futura necesita una base más o menos racional y legítima para estructurar su desarrollo. Sin embargo, la lectura de esta crisis actual en Brasil en clave de situaciones anteriores (incendios de 2019, inundaciones en Rio Grande do Sul) nos lleva a concluir que está puesta al servicio de una estrategia de largo plazo para monopolizar y corporativizar los recursos de la cuenca tropical suramericana.