Huelga ya demostrar la expansión de la Internet y de la comunicación electrónica como nueva interdependencia global e infraestructura de las economías industriales. Redes de intercambio de información, la Internet también ha establecido un común global que, a semejanza de otros comunes, está involucrado en una feroz disputa estratégica. Rusia planea poner en marcha su propia red en 2021 y compensa su debilidad de poder mediante el despliegue activo de flujos de propaganda y desinformación. China, en duopolio con los Estados Unidos, estableció su red nacional en 2006 y compite en la carrera por la inteligencia artificial y la conectividad 5G. Europa, a pesar de su gran poderío comercial, inventora de Linux y la Web y dotada desde 2018 de un Reglamento general de protección de datos, se alinea con el imperium estadounidense. Retrasando su despertar ciberestratégico y escindiendo netamente la técnica de la política, abre la puerta a Google, que invertirá tres mil millones de euros en centros de datos europeos en 2020-2021, sin contar las concesiones hechas a otras empresas líderes de Silicon Valley. En la práctica, las líderes tecnológicas, tanto en los Estados Unidos como en China, son las puntas de lanza del crecimiento y la innovación, en adelante situadas en las tecnologías avanzadas. Estados Unidos, conservando su hegemonía y su ventaja tecnológica, ahora lucha por un desacoplamiento tecnológico entre China y Occidente, siendo el caso Huawei uno de los detonadores a fines de 2018 y cuyos impactos se sintieron en las redes de fabricantes, la guerra de las normas, etcétera.
Frente a estas realidades, los enfoques tradicionales de gobernanza de la Internet, e incluso se podría agregar el propio protocolo TCP/IP a la base de la Internet, tienden a volverse objetos cada vez más anticuados, si no anacrónicos. «Internet está construida sobre un pantano, todos saben que el protocolo de comunicación actual es obsoleto y que no podemos mejorarlo», recuerda Louis Pouzin, inventor francés del datagrama. Con algunas excepciones, el espíritu de los tiempos favorece las medidas de control y el bloqueo de seguridad en un ciberespacio hobbesiano que plantea serios desafíos políticos y conceptuales para los reguladores. Como lo ilustra América Latina, el mundo árabe y ciertos países asiáticos que exaltan su ambición nacionalista, estos bloqueos se implementan independientemente de los colores políticos y aún más cuando los Estados se enfrentan a desestabilizaciones del orden social. Después de la iniciativa diplomática de ciertos Estados emergentes de 2012 a 2015 para reafirmar los derechos y el arbitraje de múltiples actores (NetMundial en Brasil en 2014 y la transición de la IANA en 2016), este impulso se ha debilitado relativamente, mostrando una erosión similar a lo que pasa con el multilateralismo. La agenda se polariza más hacia cuestiones sectoriales y coyunturales: control de los flujos de datos; tecnologías disruptivas (Internet de las cosas, inteligencia artificial, 5G y Deep learning); conflictualidad y vulnerabilidad de los recursos electrónicos (flujo de desinformación, denunciantes, privacidad y vigilancia, encriptación de datos y extractivismo por las GAFAM y las BATX para los chinos, etc.). Irónicamente, al igual que sucede con las contradicciones actuales, la campaña global para una «Internet ética al servicio de las personas», lanzada en 2019 por uno de los fundadores de la web, Tim Berners-Lee, promueve un enfoque idealista y principios a los cuales se adhieren los actores del ámbito mercantil y de seguridad de la red. Cabe observar que, en los albores de la cuarta década de expansión de la Internet, recientemente se lanzaron dos iniciativas, Next Generation Internet y, especialmente, la Recursive InterNetwork Architecture (RINA), para repensar su arquitectura, ambas adoptando la premisa «the Code is Law» (el código es ley) enunciado por el jurista Lawrence Lessig en el año 2000. En otras palabras, la configuración técnica de la red ahora se entiende a la luz de los retos de la gobernanza (regulación por diseño). En general, se observa un cambio hacia un mayor pragmatismo y realismo entre los defensores de una Internet ciudadana. Detrás de la exhibición superficial de la regulación de múltiples actores del ciberespacio, las relaciones de poder ahora forman una buena parte de la red, relaciones de poder en las que la sociedad civil tiene algo que decir.
Precisamente, del lado de la sociedad civil, ha llegado el momento, por así decirlo, de hacer una evaluación de tres décadas de activismo. Con respecto a las relaciones entre los movimientos sociales y la conectividad, el hecho principal es el aumento de los movimientos contestatarios «conectados» desde 2011 (con un punto álgido en 2019), ya sean los movimientos de justicia social, climática o pro democracia. Algunos lo ven como un signo de una nueva etapa de «globalización social», atizada por las injusticias y desigualdades rampantes. Las masas contestatarias son temidas y a menudo reprimidas por los gobiernos, tanto democráticos como autoritarios. Ellas han ganado una capacidad fantástica de movilización y ocupación gracias a la conectividad, pero, como contrapartida, ven que sus capacidades estratégicas y tácticas disminuyen debido a su falta de estructura y las medidas de contrainsurgencia. A este respecto, la era de las multitudes conectadas sigue huérfana de una cultura organizacional que reemplace a los partidos de vanguardia y la organización inventada por las luchas de liberación nacional, los movimientos de trabajadores o ciertos partidos políticos tradicionales. Se debe precisar que estos movimientos, especialmente urbanos, no necesariamente comprenden los usos alternativos y libres de la Internet. Su ascenso ya viene acompañado de una limitación de las libertades y una crispación política por los disturbios urbanos que a su vez refuerza la espiral de control.
El segundo hecho significativo es el surgimiento de un espíritu de responsabilidad en varios círculos, especialmente el de los trabajadores de la industria digital. La precarización del trabajo y la naturaleza de las asociaciones comerciales generan conflictos crecientes, incluso en China. Los empleados chinos (20 millones de asalariados en el sector informático) rechazan un horario de trabajo drástico al estilo «996» de Alibaba y sus colegas. Los empleados de Google se oponen éticamente a la asociación con los servicios de inmigración y el ejército. Otros casos surgen de la precariedad causada por la automatización. Están surgiendo coaliciones, además de acciones legales externas dirigidas a los abusos en las industrias digitales. Desde este punto de vista, la entrada en vigor del nuevo régimen de protección de datos en Europa ha aumentado la conciencia sobre los derechos y la seguridad digital. Se registraron casi 145.000 reclamaciones después del lanzamiento del régimen en 2018, generando un volumen anual de sanciones de hasta 65 millones de euros. Esta mayor responsabilidad en ciertos entornos se ha extendido a otros: algunos gobiernos fuera de Europa (como los Estados Unidos, con la Ley de Privacidad del Consumidor de California en el mismo territorio de Silicon Valley, y Australia), inspirados por el nuevo régimen europeo; empresas, alentadas a poner sus ecosistemas digitales en conformidad y prevenir vulnerabilidades; municipios, especialmente alrededor de la corriente municipalista o de las smart cities, aunque voluntarista, que tienden a reterritorializar los recursos digitales. Sin embargo, el avance del nuevo régimen europeo se enfrenta a sus propios límites y a la velocidad de expansión de las innovaciones, siendo el reconocimiento facial una de las últimas transformaciones. En general, al regulador le resulta difícil salir de las medidas reactivas y defensivas para entrar en el campo de las medidas anticipatorias o preventivas, a priori mejor adaptadas a la complejidad y evolucionalidad de las redes.
Como tercera tendencia, se ha consolidado la acción directa a favor de una Internet libre y segura. En respuesta a una erosión de las libertades y una creciente monopolización, han surgido iniciativas y polos de recursos en varios países que acompañan las luchas y las transiciones digitales hacia ecosistemas libres, descentralizados y ciudadanos. Dentro de esta acción directa, figuran el activismo jurídico, el alojamiento responsable, la vigilancia y la capacitación tecnológica, los denunciantes, la oferta de servicios militantes, etc. Esta faceta de «autodefensa» de la ciudadanía está ganando coherencia secuencialmente con los escándalos repetidos y las sucesivas injerencias en el ciberespacio, con el caso de Facebook/Cambridge Analytica encabezando la cartelera del 2018. Debe señalarse que las fallas de seguridad aumentan con la conectividad en la red (crecimiento promedio del 50 % en 2019). Las campañas ciudadanas locales han permitido obtener ciertas victorias: el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) en Francia, el reconocimiento de los trabajadores de plataformas digitales, Free Basics en India, el abandono del voto digital en América Latina, los frenos a las multinacionales en su cooperación con los servicios de migración y defensa de Estados Unidos, etc. Los colectivos, especialmente los nacionales, están más articulados por enfoques pragmáticos y protocolos de acción (campañas, acciones de incidencia, publicaciones, etc.) que por afinidades ideológicas. Los encuentros internacionales permiten el intercambio: en particular, Internet Freedom Festival, RightsCon, Digital Rights Summit y World Privacy Forum. La creciente constelación de medios libres, incluyendo el periodismo de investigación, está estrechamente vinculada dada su mayor exposición a la censura. Muy a menudo, los movimientos «de transición», como Extinction Rebellion, interiorizan la protección de su comunicación digital desde el principio. La privacidad, en otras palabras, la oposición al extractivismo de los datos personales y el rechazo de la vigilancia masiva, es sin duda el mayor denominador común de las luchas. Estas últimas, si bien las convergencias se reforzaron a partir del año «Snowden» en 2013, por el momento están poco sistematizadas y mapeadas a escala regional o global. En comparación, Privacy International, junto con otros (como la EFF o Freedom on the Net), se convierten en la contraparte de Amnistía o Transparencia Internacional en materia de defensa de los derechos y de la medición de la vigilancia digital, indicando el objetivo de construir un movimiento global. Detrás de esta narrativa común de la privacidad, un eje medular permanece menos visible: el de sentar las bases para regímenes de gobernanza apropiados para los bienes digitales.
En general, las grandes tendencias reportadas hace cinco o seis años continuaron en su trayectoria. La novedad es sin duda el viraje hacia un «pragmatismo ilustrado» en las estrategias en marcha. Las resistencias a favor de una comunicación electrónica libre y abierta «no feudal» se cristalizan sobre todo a nivel nacional, en torno a principios generales compartidos a nivel mundial, pero sin una ideología común capaz de ampliar los compromisos más allá de un círculo cosmopolita de activistas. En lugar de iniciativas demasiado voluntaristas y grandilocuentes, la brújula estratégica tiende a orientarse hacia alianzas transversales, escisiones metodológicas, federaciones de actores en escalas que permiten impactos concretos, tanto en percepciones como en las prácticas. La dimensión política, que a menudo segmenta las redes, y la dimensión ideológica son una debilidad, ya identificada en los debates en torno a una Internet ciudadana en 2017. Limitan el paso de una constelación de iniciativas, marcada por una fragmentación natural en temáticas y especializaciones, para alianzas más consistentes.
En cierto modo, el activismo digital sufre su propia ingravidez y su ausencia de territorio físico, en el sentido de que sus raíces y su espesor ideológico no le permiten desarrollar una gravedad más fuerte. En los ámbitos políticos tradicionales, incluidos los progresistas, es relativamente raro ver las cuestiones digitales integradas en la agenda, como ocurre con otras cuestiones tecnológicas. De ahí, desde un punto de vista estratégico, la centralidad de las alianzas, la educación popular y el trabajo en interfaz con redes de medios, municipalistas, feministas, de transición ecosocial, etc. Lo que está en marcha, de manera difusa y en paralelo con la vigilancia masiva que hoy alcanza niveles distópicos, es un movimiento de descentralización de la comunicación electrónica y defensa de los derechos civiles digitales. Este movimiento polimórfico está destinado a ganar impulso dadas las tendencias descritas. Requiere tanto innovaciones culturales (organización, aglutinación, convergencia, comunicación popular) como tecnológicas. También tiene todo el interés de profundizar su oferta de alternativas digitales.
